La negativa de la Generalitat Valenciana a prorrogar la suspensión de licencias reclamada por el tripartito hasta que el Ayuntamiento de Alicante apruebe provisionalmente el Catálogo de Protecciones, que el pleno tumbó a finales del mes de mayo, puede acabar en los tribunales. Y es que a partir del próximo lunes, la Concejalía de Urbanismo se prepara para recibir peticiones de licencias para demoler algunos de los 300 edificios que desde hoy quedan desprotegidos al expirar la actual suspensión de licencias acordada inicialmente en Junta de Gobierno a mediados del año 2015. Entre los edificios afectados por la desprotección vigente desde hoy sobresalen construcciones significativas como el asilo de Benalúa, el barrio portuario de Heliodoro Madrona o la estación de Madrid.
Miembros del Colegio de Arquitectos de Alicante aseguran que la decisión anunciada por el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, de retrasar al máximo la respuesta a las peticiones que puedan registrarse -la ley concede un plazo de dos meses- para impedir el derribo de edificios que el tripartito pretendía proteger en el Catálogo de Protecciones puede acabar con el Ayuntamiento ante los juzgados, ya que los solicitantes, si no reciben respuesta en tiempo y forma, podrán acudir a los tribunales para reclamar al menos una indemnización por el coste en la redacción de los proyectos de demolición o de posible reforma.
El responsable del área de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), admite las posibles indemnizaciones a los propietarios de edificios que quedan hoy sin protección que soliciten una licencia de derribo a partir del lunes. El edil calcula en torno a los 5.000 euros por proyecto la indemnización que tendría que pagar el Ayuntamiento alicantino si llegan peticiones de derribo de edificios hoy desprotegidos antes de que se apruebe el documento en el pleno. La previsión de Pavón es poder tener aprobado provisionalmente antes del mes de agosto el Catálogo de Protecciones.
El principal problema para el tripartito -PSOE, Guanyar Alacant, Compromís- se producirá si finalmente no es capaz de conseguir el visto bueno del pleno en un plazo de dos meses, ya que entonces sí tendría que conceder las licencias pese a que fuesen en perjuicio de construcciones de relevancia desde un punto de vista cultural.
La concejal tránsfuga Nerea Belmonte, exGuanyar, la más abierta a desbloquear el Catálogo de Protecciones en el pleno, sigue a la espera de recibir los informes técnicos y jurídicos que solicitó al vicealcalde y responsable de Urbanismo que le garanticen que no cabe con su aprobación la solicitud de indemnizaciones por parte de los particulares que pudieran derivar en solicitudes de responsabilidad patrimonial a los ediles.
