Un informe del Colegio Provincial de Arquitectos ha detectado que 400.000 viviendas de la provincia -cerca de la mitad- debieran someterse a reformas para ser más sostenibles y cumplir con las recomendaciones para combatir la crisis climática. El mantenimiento de los edificios y viviendas que componen el parque inmobiliario de la provincia de Alicante no alcanza, ni de lejos, la estrategia adoptada en Europa para combatir la crisis climática y lograr así con los objetivos medioambientales para 2030. Al menos un 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 1990, el uso de un 32% de cuota de las energías renovables y al menos 32,5% de mejora de la eficiencia energética. Pues bien, según los profesionales, el nivel de ejecución de reformas en las viviendas de la provincia es del 0,5% anual, cuando debiera ser del 3%, como se realiza en el centro y norte de Europa.

En concreto y sobre una cifra aproximada de 400.000 viviendas que necesitan mejorar su eficiencia energética, se debieran acometer reformas a un ritmo de 15.000 viviendas al año. «Hablamos de algo más completo, no solo se trata de pintar y cambiar la cocina sino de renovar calderas para instalar más eficientes, actuaciones para reducir el consumo energético, cerramientos, placas solares. Nuestro nivel de actuaciones es seis veces menor que en el resto de Europa», revela Juan María Boix, presidente de Colegio Provincial de Arquitectos. Una actividad, por otro lado, que genera empleo y actividad económica en un momento en el que sector de la construcción de viviendas nuevas ha entrado en una pequeña desaceleración.

Por otro lado, en la provincia de Alicante existen 86.214 edificios construidos antes de 1960, de los que la conservación de 22.521 está considerada como mala o deficiente; 1.568 se consideran en ruinas y 62.125 en buen estado, según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística. Según el Colegio de Arquitectos, unos 45.000 inmuebles son susceptibles de someterse a una rehabilitación.

Una vivienda eficiente es aquella que aprovecha al máximo los recursos climáticos y energéticos del medio donde se ubica para alcanzar el confort de forma natural. Para ello, debe reduce al máximo su demanda energética y sus emisiones de dióxido de carbono y priorizar las fuentes de energías renovables. Son cálidas en invierno y frescas en verano y optimizan la eficiencia de calefacción, refrigeración e iluminación, reduciendo la dependencia de estos medios artificiales. Según Carlos Arribas, portavoz de Ecologista en Acción, en la provincia de Alicante lo ideal son placas fotovoltaicas. Infraestructura más eficiente que la eólica para el autoconsumo.

En estos últimos diez años, el mercado de las viviendas eficientes, asimiladas de forma equivocada en la mayoría de las ocasiones a las llamadas viviendas sostenibles, ha crecido abundantemente. Se publicitan como aquellas que recurren a un conjunto de sistemas y materiales para lograr un aprovechamiento de los recursos naturales en el uso cotidiano y evitan la contaminación.

La arquitectura bioclimática tiene como principal objetivo la calidad del ambiente interior y la reducción de los efectos negativos sobre el entorno, minimizando el proceso de metabolismo urbano y produciendo alteraciones asumibles por el medio donde se inserta. Dentro de los diseños de viviendas bioclimáticas la Green Box es la llamada «vivienda más ecológica del mundo». Se trata de un proyecto realizado por el arquitecto español Luis de Garrido, y su característica más importante es, que consigue un ahorro energético del 97% en comparación con las viviendas tradicionales, recurriendo a dos tipos de energías naturales: la energía solar y la geotermia.

Asignatura pendiente

Por otra parte, la rehabilitación es una asignatura pendiente en España y en la provincia de Alicante, donde hasta ahora no ha existido la cultura del mantenimiento y los edificios se hacen viejos. Existen actuaciones en los edificios que permitirían reducir hasta un 20% la factura que pagamos de la luz. Los arquitectos sostienen que las viviendas debe actuarse igual que se hace cuando un persona, al comprar el coche, y se preocupa por el nivel de consumo de combustible, es híbrido o eléctrico.

Actualmente, el informe de inspección de los edificios es obligatorio para los inmuebles de viviendas con una antigüedad superior a 50 años. El estudio debe aportar la evaluación del estado de conservación del edificio, las condiciones básicas de accesibilidad, demostrar que no se discrimina a las personas con discapacidad para el acceso y utilización del edificio, así como la evaluación de la eficiencia energética.

El objetivo del estudio es identificar las lesiones y síntomas detectados mediante la inspección visual en sus elementos comunes como son la estructura, fachadas, medianeras, cubiertas, techos y suelos, y las instalaciones de suministro y evacuación de agua, suministro eléctrico, así como el nivel de importancia de los daños y las actuaciones de mantenimiento, de intervención a medio plazo o de intervención urgente, según sea el caso.

En cuanto a la evaluación energética, ésta se limitar a la parte del edificio cuyo uso sea residencial vivienda, excluyendo los locales destinados a otros usos. No se exige que ésta esté registrada previamente en el Registro autonómico de certificados de eficiencia energética. Es el propietario quién decida registrar el certificado energético mediante tramitación expresa ante dicho Registro. Queda excluida del informe la verificación de instalaciones privativas de cada vivienda o local y aquéllas instalaciones o elementos comunes del edificio cuya revisión o inspección técnica está sometida a normativa sectorial específica, tales como ascensores, instalaciones eléctricas, de telecomunicación, de calefacción o de producción de agua caliente sanitaria.

La obligación de disponer del informe y costear su realización es de los propietarios de las viviendas de uso residencial unifamiliares y de la comunidad de vecinos en el caso de los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal.

La ausencia de este Informe de Evaluación del Edificio en los casos en los que queda estipulado como obligatorio acarrea la imposición de infracciones urbanísticas, con las consecuencias que la legislación urbanística autonómica establezca. Una vez convalidado, el informe tendrá una validez de 10 años, estando obligados los propietarios a presentar un nuevo informe antes de la finalización de ese plazo.

La Generalitat creó hace tres años el Registro autonómico gestionado por la Conselleria de Vivienda en el que queda constancia de la fecha de presentación de los informes y del contenido de los documentos de inspección.

Los ayuntamientos pueden acceder a los datos para, dentro de sus competencias, velar por el cumplimiento de las medidas de conservación y seguridad de los inmuebles, así como de los ajustes en materia de accesibilidad que se deriven de dichos informes.

Para asegurar los principios de información y facilitar el conocimiento del estado de conservación del parque edificado, a partir del estudio registrado se elaborará un informe resumido que tendrá el carácter de información pública abierta.

La Generalitat puede adoptar medidas de apoyo, en colaboración con los ayuntamientos, para Planes Municipales de Evaluación de Edificios de viviendas, independientemente de la antigüedad del edificio, cuando concurran un riesgo de aparición de patologías como consecuencia de condiciones ambientales desfavorables, así como en áreas con edificaciones de baja calidad constructiva.

La edificación cerrará el año con síntomas de ligera desaceleración

El año 2017 fue el más activo tras el inicio de la recuperación en 2014, con 8.976 viviendas iniciadas.

El presidente del Colegio Provincial de Arquitectos, Juan María Boix, alerta de que el sector de la construcción residencial de la provincia ha entrado en una ligera desaceleración en el último cuatrimestre del año que, en principio, se ha podido paliar por un auge de la demanda de almacenes y naves relacionados con la logística. Boix cree que la bajada de la demanda de vivienda se debe a muchos factores, pero cuatro son clave: el clima de inestabilidad política que se vive en España por la falta de gobierno, que ha frenado las inversiones de las empresas, la desaceleración económica de Europa, que afecta al construcción de segunda vivienda -un 30% de la demanda en la provincia-, los bajos salarios y la precariedad laboral. Circunstancia, ésta última, que impiden a los jóvenes entrar en el mercado, unida a la gran movilidad laboral, que llevan al alquiler.

«En España y en la provincia está pasando un poco como en Europa hace treinta años. Los precios estaban muy altos y existían grandes empresas que con un parque de pisos que se alquilaban porque la gente no podía acceder a una vivienda en propiedad», recuerda Juan María Boix.

De momento no hay alarma. pero el ritmo se ha frenado, según los datos recabados por el Colegio Provincial de Arquitectos. Según un informe en el que se recogen los datos de los últimos 20 años, 2017, con casi nueve mil viviendas, fue el año en el que más casas nuevas se iniciaron en la provincia. Más incluso que en los años del «boom», aunque también es cierto que en ese periodo se presentaban muchos más expedientes. Según el informe de los arquitectos, desde que el ladrillo comenzó su recuperación se han iniciado en la provincia (2014-2019), un total de 38.069 viviendas, observándose una, de momento, ligera caída de la actividad en los dos últimos años, el pasado 2018 (7.809) y este ejercicio (6.504), según los datos del Colegio Provincial. La promoción de VPO está casi desaparecida, lo que dificulta el acceso de los jóvenes a la vivienda.

Fuente: www.diarioinformacion.com [sábado, 7 de diciembre de 2019]

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